El Potencial de los Mercados de Carbono en la Agenda Argentina
Por María Victoria Tuculet, socia del departamento de servicios financieros y mercado de capitales del estudio BOMCHIL
Entre las herramientas para la mitigación del cambio climático, los bonos o créditos de carbono emergen como un valioso instrumento. Cada bono o crédito de carbono representa una tonelada de CO2 equivalente que ha sido reducida, evitada o secuestrada mediante un proyecto de mitigación, ya sea de reducción de emisiones, emisiones evitadas o de captura de gases de efecto invernadero (“GEI”).
Los mercados de carbono, ya sean regulados o voluntarios, permiten la comercialización de estos bonos o certificados. En ambos casos, las empresas que deben alcanzar objetivos en materia de compensación de su huella de carbono pueden adquirir en estos mercados bonos de carbono emitidos por otras empresas.
Mientras que los mercados regulados se establecen a nivel estatal para facilitar e incentivar el cumplimiento de las metas de emisión previstas regulatoriamente para cada sector o industria en el marco de las contribuciones asumidas a nivel nacional asumidas bajo el Acuerdo de París, los mercados voluntarios son mercados no regulados a los que las empresas acuden libremente para poder neutralizar sus emisiones.
A nivel global, en 2021, sólo considerando el mercado voluntario, la negociación de este tipo de bonos alcanzó US$2.000 millones y aproximadamente 500 millones de toneladas equivalentes de CO2 demandadas según el último reporte publicado por Ecosystem Marketplace. En 2022, si bien se registró una reducción de la demanda en aproximadamente un 50%, el volumen se mantuvo en US$2.000 millones. A la fecha, no se ha publicado la información de 2023, pero se estima que los valores se mantendrán alrededor de los US$2.000 millones.
Estas cifras demuestran que existe un claro interés a nivel global en el desarrollo y promoción de estos mercados. Prueba de ello, entre otros ejemplos, es el sólido bloque normativo de la Unión Europea en la materia y su consolidado mercado regulado (EU ETS), como también el trabajo de ISDA (“International Swaps and Derivatives Association”) y el proyecto en curso de UNIDROIT (“International Institute for the Unification of Private Law”) para analizar la naturaleza jurídica de los créditos voluntarios de carbono y establecer lineamientos para asegurar una mayor transparencia en este tipo de mercados.
Teniendo en cuenta este panorama, cabe preguntarse en qué estado de desarrollo se encuentran los mercados de carbono en Argentina y si es una cuestión que se encuentre en la agenda actual.
A la fecha, Argentina asumió como meta bajo el Acuerdo de París, aplicable a todos los sectores de la economía, no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (tonelada métrica equivalente de dióxido de carbono) en el año 2030. Sin embargo, el país no cuenta con un mercado regulado que funcione como incentivo al sector privado para alcanzar este objetivo, como tampoco con un marco regulatorio aplicable a los mercados voluntarios.
No obstante, sí existen experiencias a nivel voluntario y plataformas que permiten a las empresas no sólo la medición de su huella de carbono sino también la comercialización de bonos o créditos de carbono. Si bien no se trata de mercados en sentido estricto, son plataformas que facilitan la comercialización bilateral (OTC) entre aquella empresa que quiere “vender” sus bonos de carbono y aquella empresa que quiere “comprar” dichos bonos para compensar su huella.
Dada la relevancia de los bonos de carbono como herramienta para la mitigación del cambio climático, tanto la gestión saliente como la actual han contemplado en su agenda, aunque con enfoques diferentes, la regulación de los mercados de carbono.
En noviembre de 2023 la administración saliente lanzó la “Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono” con el objetivo de delinear los ejes y lineamientos para la elaboración de un marco normativo aplicable a los mercados de carbono.
Con otra mirada, el proyecto original de la “Ley de Bases” enviado por la gestión actual para su discusión en el Congreso, incluyó cinco artículos otorgando facultades al Poder Ejecutivo para fijar metas de emisión de GEI por sectores o industria y establecer un mercado de derechos de emisión de GEI. Sin embargo, la aprobación de dicho proyecto en el Congreso no prosperó. Por su parte, la nueva versión del proyecto de ley que recientemente aprobó la Cámara de Diputados omitió estos artículos en su redacción.
Si bien el gobierno tiene por delante desafíos de corto plazo mucho más acuciantes, sería positivo que la regulación de este tema se mantenga en la agenda para el mediano y largo plazo a fin de lograr alinear los compromisos internacionales asumidos por Argentina con políticas que incentiven al sector privado a adoptar una estrategia de medición y compensación de su huella de carbono. Lamentablemente, al no incluirse en el proyecto con media sanción la normativa propuesta en el proyecto original se ha perdido una buena oportunidad para lograr establecer un marco regulatorio que promueva el desarrollo de los mercados de carbono.