El Estado se queda con el 63,2% de la renta agrícola, según FADA

Cada $100 que le quedan de renta al productor agropecuario (ingresos menos costos), $63,20 son para los gobiernos nacional, provincial y municipal. El dato se desprende de un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. «Luego del esfuerzo de producir alimentos en Argentina, después de pagar todos los costos y lograr vender los granos, los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda quien produce en el campo», explica David Miazzo, economista jefe de la entidad. El promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 63,2%; la participación del Estado en soja es del 67,9%, maíz 53,4%, trigo 62,0% y girasol 49,3%.

El índice de diciembre es 0,2 puntos porcentuales más bajo que el de septiembre. «La relativa estabilidad es producto de la combinación de dos factores que se contrarrestaron: por un lado, mejoraron los precios, lo que hace que el índice baje pero, por otro lado, eso se contrarresta porque aumentaron costos, por lo que el número se mantuvo estable», repasa Miazzo.

Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, principalmente son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios. «Este es el mayor nivel desde junio de 2019, momento en que FADA lo mide como parte de este informe», afirma Nicolle Pisani Claro, economista de la fundación.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA. Las provincias reciben parte del 26,9% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. Las cargas provinciales explican el 4,5% del global.

Los impuestos municipales representan el 0,5% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

«Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre», aclara Pisani Claro.

El Índice FADA en Córdoba registra un 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran ambas un 61,3%, en La Pampa 62,5%, en Entre Ríos 66,1% y en San Luis 61,5%.

Para el cálculo se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

En el último trimestre hubo una mejora de precios internacionales, el precio FOB de la soja subió 5,9% entre septiembre y diciembre, maíz 12,1%, trigo 9,7%, mientras que girasol cayó 13,6%.

Las condiciones de mercado llevan a que en soja y maíz el precio disponible esté apenas por encima del precio FAS teórico. El girasol está un 6,2% por arriba del FAS. En cambio, el trigo cotiza un 9,5% debajo del FAS teórico. «Podría pensarse que se debe a que el trigo tiene mucha oferta por la cosecha que terminó siendo récord. Sin embargo, en los cuatro diciembres anteriores cotizó un 2,5% por encima del FAS, en promedio. Esto lleva a preguntarse si las intervenciones sobre las exportaciones ya están generando impacto en los precios pagados al productor», reflexiona Miazzo.

En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 25,8%, pasando de $81,30 por dólar a $102,3. En los últimos 3 meses, se incrementó un 4,2%.

En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses empeoró un 16,8%. Medido a precios de diciembre de 2021, el tipo de cambio de diciembre de 2020 era el equivalente actual de $122,90. Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.

Los precios de los fertilizantes han aumentado hasta un 129% en dólares. Los precios de los fitosanitarios han tenido incrementos de hasta el 190% en glifosato, y otros que superan el 60% como el 24D, con una gran disparidad de precios. Los costos de labores se han incrementado unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación.