La batalla sobre las ayudas a los combustibles fósiles y el carbón atasca la recta final de la cumbre del clima de Glasgow

En el ámbito científico no hay duda: los combustibles fósiles son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que sobrecalientan el planeta. En el mundo de las negociaciones climáticas, donde todas las decisiones deben salir por consenso de los 200 países que participan, la cosa no es tan sencilla. Y hasta ahora no se ha conseguido incluir una mención directa a la supresión de esos combustibles en los mandatos que salen bajo el paraguas de la ONU en las cumbres climáticas, por las presiones que ejercen muchas naciones dependientes de este tipo de fuentes de energía. La presidencia de la cumbre del clima de Glasgow, que ejerce el Reino Unido como país anfitrión, intenta incluir una referencia en la declaración final de una cita que debería acabar este viernes, pero que se ha atascado, entre otros asuntos, en los combustibles fósiles. Finalmente, ante las dificultades por cerrar el texto final, el cierre de la cumbre se retrasará hasta, al menos, el sábado por la mañana.

De la llamada COP26 no se espera que salga un mandato directo en cuanto a fechas o porcentajes para que los Estados dejen de usar o de subvencionar esos combustibles. Pero en una cumbre en la que no se anticipa ningún giro de timón milagroso que pueda solucionar el problema del cambio climático, el llamamiento a dejar el carbón atrás o a abandonar las subvenciones al petróleo y el gas es de lo más concreto y comprensible para la mayoría de la sociedad que se puede esperar.

La presidencia de la COP26, que encabeza Alok Sharma, incluyó en un primer borrador un llamamiento a avanzar en el fin del uso del carbón y en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles. Sin plazos ni acciones específicas que vinculen a los países. Pero esa sola referencia despertó la oposición de países como Arabia Saudí, que exigían lo que se denomina “neutralidad” para no señalar a ninguna tecnología o fuente en particular. En una segunda versión de la declaración, difundida este viernes por la mañana, la presidencia rebajaba el tono: se pedía de forma genérica a los países que aceleran la generación de energía limpia y “la eliminación gradual” de la generación con carbón que no esté sujeta a las tecnologías de captura de emisiones y “los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles”.

Con esa nueva redacción se dejan abiertas dos puertas para los defensores de estos combustibles. En el caso del carbón, el cierre de centrales no afectaría a las que cuenten con tecnologías de captura y almacenaje del dióxido de carbono —es decir, atrapar este gas antes de que llegue a la atmósfera—. En el caso de los subsidios, el veto solo afectaría a los subsidios “ineficientes”, lo que permite que cada país continúe discrecionalmente incentivándolas con fondos públicos.

Estas rebajas han disgustado a algunos países, como han reconocido la Unión Europea o Estados Unidos. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha pedido “una acción fuerte” respecto al carbón y los subsidios a los combustibles fósiles. De la misma forma, John Kerry, el jefe de la delegación de EE UU en la cumbre, ha defendido el fin de esos subsidios. De “una locura” ha calificado Kerry que se sigan manteniendo esas ayudas a los combustibles fósiles. La vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha lamentado que se hayan incluido “matices” en la propuesta inicial de declaración final.

Planes de recorte

Al margen de los combustibles fósiles, en el texto de la declaración final lanzado este viernes por el equipo de Sharma se insta a los países a que “revisen y refuercen” a finales de 2022 sus objetivos de recorte de emisiones para 2030. Porque en esa propuesta de declaración se reconoce que los planes nacionales de recorte de emisiones ahora no son suficientes para cumplir el Acuerdo de París, que persigue que el incremento de la temperatura media se quede entre los 1,5 y los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Para tener posibilidades de conseguirlo, la ciencia establece que en 2030 las emisiones de dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto invernadero, deberán haber caído un 45% respecto a los niveles de 2010, como admite el borrador de la declaración final de la cumbre. Pero la suma de los programas de recorte que tienen los países ahora mismo sobre la mesa no es suficiente. Según se admite en el borrador, las contribuciones presentadas llevarían incluso a que las emisiones en 2030 sean un 13,7% superiores a las de 2010.

El Acuerdo de París, firmado en 2015, establecía un sistema de revisión de los planes de recorte cada cinco años. La primera revisión se ha realizado entre 2020 y 2021 y, en teoría, la siguiente sería en 2025. Pero desde el mundo científico se alerta de que esta década es determinante en la lucha contra el cambio climático y que la ventana de oportunidad para lograr que el calentamiento se quede por debajo de los 1,5 grados se está cerrando. Además, la presión social por actuar cuanto antes crece a cada momento. Por eso en Glasgow se busca la forma de instar a los países a revisar sus planes de recorte de emisiones lo antes posible, en 2022, sin esperar a mediados de esta década. En el borrador de la declaración final se propone que la ONU realice evaluaciones anuales de los efectos que tienen los planes de recorte de emisiones nacionales.

Financiación

Además del recorte de las emisiones, la otra gran fuente de conflicto en las negociaciones climáticas es la financiación. Hace más de una década que los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares anuales (más de 87.000 millones de euros) a partir de 2020 para ayudar a las naciones con menos recursos a adaptarse a los efectos del calentamiento y a recortar sus emisiones. Pero hasta ahora, como se reconoce en el borrador final, no se ha logrado alcanzar esa meta. Un informe elaborado por Canadá y Alemania, con la ayuda de la OCDE, considera que no se llegará a los 100.000 millones de dólares anuales hasta 2023. La propuesta de la presidencia de la COP26 “insta” a los países desarrollados “a que cumplan plenamente el objetivo de 100.000 millones de dólares con urgencia”.

Con la financiación existe un segundo gran problema. La mayoría de los fondos que movilizan los países desarrollados —por movilizar se entienden tanto las ayudas directas como los créditos de ayudas al desarrollo y del sector privado— se dirigen ahora hacia la mitigación, es decir, hacia inversiones para reducir las emisiones como puede ser la implantación de renovables. En el borrador presentado por la presidencia de la COP26 se pide a las naciones ricas que “dupliquen” sus aportaciones para medidas de adaptación (por ejemplo, protegerse frente a los fenómenos extremos) de aquí a 2025. El objetivo debe ser alcanzar “un equilibrio entre la mitigación y la adaptación”.

La declaración final es la parte más política de este tipo de cumbres. Paralelamente, los negociadores de los casi 200 países presentes en Glasgow deben cerrar otros textos más técnicos. Como el desarrollo de mecanismos de transparencia o la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París.

El artículo 6 hace referencia a los intercambios de derechos o unidades de emisiones de gases entre países. Además, es el único que hace mención al sector privado, ya que abre la puerta a que las empresas puedan adquirirlos. En el Protocolo de Kioto ya existía un sistema por el que un país que no conseguía recortar lo que debía sus gases podía comprarle a otro Estado derechos de emisiones. Ese sistema se supone que seguirá ahora, pero parte del debate es cómo evitar caer en una doble contabilidad: que un mismo derecho no pueda llevarse a los balances de reducción de dos países a la vez.

A un lado de las negociaciones está Brasil, que no quiere unas reglas muy sólidas y que ve en este asunto una importante vía de financiación gracias a la superficie forestal con la que cuenta, con la que puede generar derechos que vender por la capacidad que tienen los bosques de absorber el dióxido de carbono. En el otro extremo se sitúa la Unión Europea, que no quiere un resultado débil que pueda perjudicar el mercado de derechos de emisiones comunitario, que ha tardado muchos años en poner en marcha.

La presidencia de la cumbre también ha presentado este viernes una propuesta sobre el artículo 6, que no ha contentado a muchos grupos ecologistas. El texto, ha asegurado Greenpeace, abre la puerta al “derecho a la estafa al permitir el doble cómputo indefinido de una reducción de emisiones que solo se ha producido una vez, o que puede no haberse producido en absoluto”. Esta organización interpreta este paso como una “invitación al lavado verde a través de la compensación” de las emisiones.

Fuente: El País