Litio: desarrollo verde en el norte, impactos medioambientales en el sur
El litio suele aparecer en los discursos oficiales como el “oro blanco” del siglo XXI. Es el mineral clave para fabricar baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos, y por eso quedó asociado a la transición energética global. Para muchos gobiernos, representa una oportunidad histórica de crecimiento, exportaciones e inversiones. Pero en los salares andinos donde se extrae, la realidad es bastante más compleja.
Detrás de la narrativa del desarrollo sostenible crecen conflictos ambientales, sociales y territoriales. Y en el centro de esa disputa están los pueblos originarios que habitan desde hace siglos las regiones donde hoy se concentran algunas de las mayores reservas del planeta.
Argentina, Bolivia y Chile integran el llamado “Triángulo del Litio”, una zona estratégica que concentra una parte sustancial de los recursos globales de este mineral. En esos ecosistemas de altura extremadamente frágiles, viven comunidades indígenas kollas, atacameñas, lickanantay, aymaras y muchas otras que hoy denuncian que la carrera global por el litio avanza sin escuchar sus voces.
La electrificación del transporte y el abandono progresivo de los combustibles fósiles son pasos necesarios para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, esa transición también demanda enormes cantidades de minerales como litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras.
El problema aparece cuando la solución climática de unos territorios implica nuevos impactos en otros. En los salares andinos, la extracción de litio requiere grandes volúmenes de agua y modifica sistemas hidrológicos muy delicados. Se trata de regiones áridas donde el agua sostiene la biodiversidad, la vida cotidiana, la ganadería tradicional, la agricultura comunitaria y la espiritualidad de las comunidades.
Para los pueblos indígenas, el salar no es una superficie vacía lista para explotar. Es un territorio vivo, con memoria, vínculos culturales y equilibrio ecológico.
Una de las principales preocupaciones tiene que ver con el uso del agua. En muchos proyectos, la extracción se realiza mediante bombeo de salmuera subterránea que luego se evapora en grandes piletones para concentrar el mineral. Aunque cada emprendimiento tiene particularidades, organizaciones sociales y comunidades alertan que estos procesos pueden alterar humedales altoandinos, vegas, lagunas y napas conectadas entre sí.
Una muestra de ello es el caso de la seca de una vega en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. Las comunidades lo llevaron a la justicia y les dieron la razón. Esta es tan solo una de las muestras del deterioro que puede darse en el medio ambiente con este tipo de actividades.
En zonas donde las lluvias son escasas y los ciclos naturales lentos, cualquier intervención puede tener consecuencias duraderas. Por eso, para las comunidades locales, discutir litio es discutir agua. Y discutir agua en la Puna es discutir supervivencia.
Uno de los ejes centrales del conflicto no es solo ambiental, sino político y jurídico: la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Ese derecho está reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y en marcos constitucionales de distintos países. Implica que cualquier proyecto que pueda afectar territorios indígenas debe ser consultado de buena fe y con participación real antes de avanzar.
Sin embargo, numerosas comunidades denuncian que las consultas no existen, se hacen de manera incompleta o se reducen a instancias informativas sin capacidad de decisión.
En Argentina, por ejemplo, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevan años reclamando participación efectiva frente al avance minero. En Bolivia y Chile también existen cuestionamientos similares en distintas cuencas salinas.
Fuente: BIOGUIA