Las provincias productoras y cámaras empresarias reclamaron la prórroga de la Ley de Biocombustibles, que vence en mayo
La industria de biocombustibles afronta un año de desafíos que prometen no ser simples, tras un 2020 que sumió a la actividad en una crisis sin precedentes, con paralización total de una gran cantidad de plantas a lo largo del país. Ahora, el nuevo frente que tiene el sector por delante es la aprobación de la prórroga de Ley 26.093 que regula la actividad por parte de la Cámara de Diputados nacional, que retiró del temario de sesiones extraordinarias su tratamiento, o que también puede ser extendida a través de un decreto presidencial.
Es por eso que productores de caña y representantes de la industria sucroalcoholera se movilizaron a la legislatura tucumana para que solicite al Congreso Nacional el tratamiento de prórroga por cinco años de la norma que vence en mayo de este año o pedirle a Alberto Fernández que la extienda con un decreto por 2 años. La Ley en cuestión, que ya cuenta con la aprobación por unanimidad del Senado, establece el corte obligatorio de mezcla de los biocombustibles con los fósiles y el precio del producto a partir de una fórmula, entre otros puntos.
El presidente de Cañeros Unidos del Este y Director del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, Marcelo Fernández, que participó de la marcha de esta semana, consideró que la prórroga de la Ley es de “vital importancia”, ya que, según comentó a este medio, la industria sucroalcoholera en su conjunto ocupa de manera directa a 60.000 personas en Tucumán y a 160.000 de manera indirecta.
Según Fernández, la Argentina produce 2,2 millones de toneladas de azúcar al año, de las cuales 1,4 millones de toneladas se consumen en el mercado interno, 550.000 toneladas se destinan a la producción de etanol y 250.000 se exportan a “precio de quebranto”, ya que la utilidad que tiene enviarla al exterior es no sobreofertar el mercado interno y mantener un precio competitivo del producto.
Sin embargo, de no aprobarse la prórroga, las 550.000 toneladas que se transforman en biocombustible “no se van a hacer y vamos a tener que exportar 800.000 toneladas, que es algo casi imposible, a precio de quebranto. No hay precio en el mercado interno que pueda sustituir esa baja. Pero como es casi imposible exportar esa cantidad, nunca se ha hecho, esas toneladas se volcarían a sobreofertar el mercado interno”.
No obstante esta situación, Fernández es optimista y está “convencido que el Presidente Alberto Fernández va a entender, porque si no se prorroga la Ley no es que vamos a ganar menos dinero, sino que nos vamos a fundir con un gran daño social, como ya sucedió en los años ’80. Por eso nos movilizamos y vamos a seguir movilizándonos y, si hace falta, vamos a ir a Buenos Aires”.
Por su parte, la presidenta de Bioenergética La Florida de la Cía. Azucarera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, dijo a Infobae que lo que se busca con la prórroga, “es asegurar un marco jurídico que nos permita producir tranquilos, porque la verdadera vaca viva está en el norte. No estamos pidiendo créditos ni condonaciones de impuestos, sino todo lo contrario”.
“La prórroga contempla que la Secretaría de Energía de la Nación asegure que se corte al 12% como mínimo (con nafta, de los cuales 6% proviene del etanol de caña y el otro 6% del etanol de maíz) y además regula a través de una fórmula el precio que las petroleras nos tienen que pagar sí o sí”, explicó.
En este sentido, Rocchia Ferro sostuvo que “la Ley genera que la industria azucarera, al retirar excedente de producción, no pierda su valor. Hoy la bolsa de azúcar está en $1.800, pero hace un año estaba a $2.000, con una inflación del 50% de por medio hasta hoy. Estamos perdiendo plata con el azúcar, no tan solo nosotros, sino también los más de 10.000 cañeros que hay en Tucumán. Realmente es muy importante continuar con el plan de biocombustibles, para que el azúcar como producto tenga rentabilidad, además de que el mundo está en el camino de los combustibles verdes”.
Reclamo de las cámaras empresarias
La demora del tratamiento de la Ley en Diputados encendió las alarmas de todo el sector, pero en especial en las cámaras del sector, quienes reclamaron a Alberto Fernández, como así también a los diputados nacionales, su aprobación “en forma urgente” ya que “de no mediar una extensión de la ley no solo corren riesgo de desaparecer las 55 empresas que producen combustibles limpios y los más de 100.000 puestos de trabajo federales que genera el sector, si no que la Argentina entraría en un default ambiental que va en sentido contrario al compromiso asumido en el Acuerdo Climático de Paris, que el Presidente ha ratificado públicamente en estos días”.
El comunicado difundido por el sector fue firmado por Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH); la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB); la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); la Cámara de Industrializadores de Granos y productores de Biocombustible en Origen (CIGBO); la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA); el Centro Azucarero Argentino (CAA); y la Cámara de Bioetanol de Maíz (BIOMAIZ).
Fuente: Infobae