El Parlamento Europeo apoya retrasar un año la ley europea contra la deforestación
Los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo lograron retrasar un año, hasta el 30 de diciembre de 2026, la aplicación de la nueva ley europea para que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera no genere deforestación en origen.
La Eurocámara alineó sus postulados con el Consejo de la UE -los Estados miembros- y retrasó la aplicación de esa polémica normativa, que el año pasado ya había sido postergada doce meses entre fuertes presiones de algunos países y sectores afectados.Es la segunda vez este mes en la que los partidos de extrema derecha y el Partido Popular Europeo unen fuerzas en un escrutinio sobre una normativa medioambiental, tras haber rebajado también las exigencias a las empresas en materia de diligencia debida, sostenibilidad y responsabilidad corporativa.
«El PPE demuestra que su objetivo es, efectivamente, desmantelar el texto sobre deforestación al volver a aliarse con la extrema derecha en determinadas enmiendas y negarse a defender la propuesta de la Comisión», declaró la eurodiputada verde Marie Toussaint.
El voto de este miércoles es fruto del fracaso de las negociaciones entre populares, socialdemócratas, liberales y verdes para pactar una postura común y supone un nuevo revés a las políticas verdes aprobadas durante la pasada legislatura comunitaria.
La negociadora democristiana Christine Schneider aseguró que la votación «garantiza la prevención efectiva de la deforestación ilegal, al tiempo que reduce cargas innecesarias para operadores, agricultores y silvicultores» y promueve «el crecimiento económico y prácticas forestales más sostenibles».
La conjunción de la postura del Parlamento y el Consejo evita que ambas instituciones tengan que incurrir en largas negociaciones para acordar un texto definitivo y hará casi automático el retraso de un año al
Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación
«Hemos evitado una situación en la que miles de empresas habrían sido empujadas al caos jurídico y administradministrativo», señaló el grupo de los Reformistas y Conservadores Europeos.
Talar árboles
Entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo. El reglamento pretende evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación.
La normativa abarca el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.
El texto no gusta a la Administración estadounidense de Donald Trump y ha recibido críticas desde sus inicios también de otros países como Brasil, Colombia, Indonesia, Malasia o Canadá, y de las industrias madereras o ganaderas.
Pero contaba con el apoyo de grandes productores de chocolate, como Nestlé, Mars Wrigley o Ferrero, de la comunidad científica y de las organizaciones ecologistas.
En medio de esas presiones, la Comisión Europea anunció en septiembre de 2024 que retrasaba un año la entrada en vigor del reglamento, pues las empresas no habían tenido tiempo para adaptarse. Un año después, volvió a pedir una prórroga de un año, esta vez atribuyéndolo a un problema informático.
Finalmente, Bruselas propuso mantener su aplicación desde el 30 de diciembre de 2025, aunque introdujo algunas flexibilidades en las multas y en la burocracia.
Pero cuando la propuesta llegó al Consejo, los países apoyaron que se mantuviera la segunda prórroga, con el voto a favor de 24 capitales, amparándose en la necesidad de «simplificación», uno de los conceptos que más peso ha ganado en Bruselas en el último año.
El Consejo defendió además que el reglamento no se aplique a pymes hasta el 30 de junio de 2027 y que la Comisión Europea lleve a cabo una revisión de simplificación en abril de 2026 para evaluar el impacto y la carga administrativa, en particular sobre los pequeños y microoperadores.
Para el grupo parlamentario socialdemócrata, esa revisión constituye su «principal línea roja» pues «introduce incertidumbre y posibilita futuros aplazamientos de la aplicación en los próximos años».