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COP31: Antalya expone las profundas divisiones del mundo frente a la crisis climática

La conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático entra en su recta final con fuertes diferencias entre los países por el futuro de los combustibles fósiles, el financiamiento para las naciones vulnerables y la transición energética. El último borrador del acuerdo final eliminó referencias expresas al abandono del petróleo, el gas y el carbón, mientras crece la preocupación por la distancia entre los compromisos y las acciones concretas.

La ciudad turca de Antalya se convirtió esta semana en el escenario de una de las negociaciones ambientales más complejas de los últimos años. La COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, transita sus últimas jornadas con cerca de 200 países intentando alcanzar un documento de consenso que permita mostrar avances frente a una crisis climática cada vez más evidente.

Sin embargo, las diferencias políticas y económicas volvieron a imponerse. El principal punto de conflicto es el futuro de los combustibles fósiles, responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras un grupo de países reclama acelerar su abandono, otros, particularmente aquellos con fuertes intereses petroleros y gasíferos, se resisten a incorporar compromisos explícitos.

La tensión quedó expuesta el jueves 19, cuando se conoció una nueva versión del borrador de la declaración final. El documento eliminó todas las referencias directas a los combustibles fósiles que figuraban en el primer texto, publicado a comienzos de semana. En su lugar, propone acelerar una transición hacia economías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sin establecer una hoja de ruta concreta para dejar atrás el petróleo, el carbón y el gas.

La modificación representa un retroceso respecto de los compromisos políticos alcanzados en la COP28 de Dubái, donde los países habían acordado avanzar en una transición para abandonar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.

La decisión generó fuertes cuestionamientos de los países más vulnerables al cambio climático, que consideran indispensable que la declaración final identifique claramente las causas del calentamiento global.

El financiamiento, otra deuda pendiente

El segundo gran frente de discusión es el financiamiento climático. Los países en desarrollo reclaman recursos concretos para afrontar los efectos de fenómenos extremos, adaptar sus economías y transformar sus sistemas energéticos.

En las negociaciones se había planteado una meta de 120.000 millones de dólares anuales para 2035 destinados a la adaptación climática. Sin embargo, esa referencia también desapareció del nuevo borrador.

La discusión no es menor. Las naciones con menores recursos suelen ser las que menos contribuyeron históricamente a las emisiones globales y, al mismo tiempo, las que enfrentan mayores dificultades para responder a inundaciones, sequías, pérdidas agrícolas, olas de calor y otros fenómenos asociados al cambio climático.

A esto se suma la controversia por los aportes al Fondo de Adaptación. Durante esta semana, los compromisos anunciados por países desarrollados sumaron apenas 50 millones de dólares, una cifra que organizaciones ambientalistas consideran insuficiente frente a la magnitud de las necesidades.

El problema de fondo sigue siendo el mismo: todos reconocen la necesidad de actuar, pero persisten las diferencias sobre quién debe pagar y cuánto está dispuesto a aportar.

Electrificar la economía: una propuesta bajo discusión

Uno de los ejes impulsados por Turquía, país anfitrión, es acelerar la electrificación de la economía mundial. La propuesta plantea que para 2035 el 35% del consumo final de energía provenga de electricidad, frente a una participación actual cercana al 23%.

La iniciativa cuenta con respaldo de numerosos países, pero también enfrenta objeciones. Para que la electrificación contribuya efectivamente a reducir las emisiones, debe estar acompañada por una expansión de fuentes limpias, especialmente energía solar, eólica e hidráulica, además de inversiones en redes e infraestructura.

De lo contrario, sustituir combustibles por electricidad generada a partir de carbón o gas puede limitar considerablemente los beneficios ambientales.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también intervino en el debate. Su secretario general, Haitham Al Ghais, sostuvo que todas las fuentes de energía seguirán siendo necesarias para responder al crecimiento de la demanda eléctrica.

La discusión revela que la transición energética no depende exclusivamente de la disponibilidad tecnológica. También involucra intereses comerciales, seguridad energética, inversiones y decisiones geopolíticas.

La ciencia climática también entra en la negociación

Otro tema que genera preocupación es el futuro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el organismo científico de Naciones Unidas que reúne y evalúa la evidencia internacional sobre el calentamiento global.

Las diferencias entre los gobiernos impidieron avanzar en la definición del calendario de su séptimo informe de evaluación, cuya publicación se esperaba para 2028.

La demora podría afectar la disponibilidad de información científica fundamental para orientar las próximas decisiones internacionales y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

La discusión excede una cuestión administrativa: pone de manifiesto las dificultades para sostener una agenda climática común incluso cuando existe un amplio consenso científico sobre la gravedad del problema.

Una transición que también compromete a la producción

Para países como Argentina, las discusiones de Antalya tienen implicancias que van mucho más allá de la política ambiental.

La transformación de los sistemas energéticos, las nuevas exigencias de reducción de emisiones, el financiamiento de tecnologías limpias y la adaptación de la agricultura a condiciones climáticas más extremas forman parte de una agenda que afecta directamente la competitividad de las economías.

El sector agropecuario, en particular, enfrenta un desafío doble: reducir su propia huella ambiental y, al mismo tiempo, adaptarse a escenarios de mayor incertidumbre hídrica y climática. La conservación de los suelos, el uso eficiente del agua, la agricultura de precisión, la captura de carbono y la incorporación de energías renovables son algunas de las herramientas que pueden contribuir a ese proceso.

Pero su implementación requiere inversiones, previsibilidad y políticas públicas capaces de acompañar la transformación productiva.

La COP31 deja así una pregunta central: ¿cómo pasar de los grandes compromisos internacionales a decisiones que efectivamente modifiquen la forma en que el mundo produce y consume energía, alimentos y recursos naturales?

Con las negociaciones todavía abiertas y el cierre previsto para el viernes 20 de noviembre, Antalya vuelve a mostrar que el principal obstáculo para enfrentar la crisis climática no es solamente tecnológico ni científico. Es, fundamentalmente, político y económico.

 

Fuentes de referencia para la nota: Reuters, The Guardian, Climate Home News y Naciones Unidas (UNFCCC),