2026: el mercado de carbono entra en su fase profesional
El año 2026 abre un capítulo decisivo para los mercados de carbono: lo que hasta hace poco era un conjunto fragmentado de voluntades privadas y pilotos regulatorios se está transformando en una arquitectura más institucionalizada, con reglas de juego más nítidas y costes de incumplimiento cada vez más palpables. Esta migración —hacia marcos de cumplimiento más amplios y estándares de integridad— redefine tanto la demanda corporativa como la oferta de proyectos que generan créditos.
En Europa, la reforma del EU ETS y la entrada en vigor de las nuevas obligaciones a comienzos de 2026 marcan una mayor ambición regulatoria: además de ampliar coberturas (incluyendo nuevas fuentes y, desde 2026, determinados impactos del transporte marítimo y emisiones de la cadena), las reglas endurecen los requisitos de vigilancia, reporte y rendición de cuentas de las empresas sujetas al sistema. Ese fortalecimiento del mercado europeo tiene efectos globales: acelera la formación de precios de referencia y obliga a exportadores e importadores a internalizar el coste del carbono.
Paralelamente, el mecanismo de ajuste en frontera (CBAM) ya vigente desde enero de 2026 complica la ecuación para países exportadores de bienes intensivos en emisiones. Aunque su objetivo es evitar la “fuga de carbono” y equilibrar la competencia industrial, el CBAM introduce fricciones comerciales y exige mayor trazabilidad de emisiones en cadenas globales de suministro —un desafío técnico y político para muchos socios comerciales.
Mientras los mercados de cumplimiento se endurecen, el mercado voluntario (VCM) transita una etapa de consolidación: la demanda de créditos no ha crecido de forma explosiva en el corto plazo, pero se sostiene y se profesionaliza. Compradores institucionales y corporativos exigen hoy no sólo toneladas, sino calidad: co-beneficios sociales y de biodiversidad, criterios de adicionalidad robustos y transparencia en la contabilidad. La tendencia es hacia la diversificación de herramientas (incluyendo soluciones de reducción interna y compras de créditos de alta integridad) y hacia precios más segmentados por calidad.
La «profesionalización» a la que hacen referencia múltiples informes implica que el carbono deja de ser un simple ítem contable para pasar a ser un activo estratégico. Plataformas de inteligencia de carbono, ratings de integridad y due diligence más exigente se vuelven moneda corriente: las empresas que gestionen mal su cartera de créditos enfrentarán riesgos reputacionales y financieros crecientes.
En el frente de la oferta, la presión por garantizar integridad llevó a una revisión profunda de proyectos basados en uso de suelo y naturaleza (AFOLU), y a un auge paralelo de propuestas tecnológicas (captura directa de aire, CDRs). Sin embargo, la demanda real por soluciones de largo plazo (CDR) sigue siendo prudente: compradores y reguladores piden garantías sólidas sobre permanencia, verificación independiente y evitación de daño a comunidades locales.
En Estados Unidos y otros mercados voluntarios regulatorios, las entidades registradoras y algunas reservas reportaron niveles récord de emisión de créditos en 2025, lo que sugiere que la infraestructura de mercado está madura y lista para escalar —pero también recalca la necesidad de filtros de calidad para evitar saturación con créditos de baja integridad.
¿Qué significa todo esto para Argentina y la región? La discusión local combina riesgo y oportunidad. Por un lado, la falta de una regulación robusta y un mercado formal bien articulado puede significar pérdida de renta potencial por exportación de servicios ambientales; por otro, la existencia de una plataforma doméstica (la Bolsa Argentina de Carbono, lanzada en 2025) crea una base técnica para articular oferta y exigir trazabilidad, trazabilidad que ahora es condición para acceder a mercados exigentes como el europeo. Argentina —con sus bosques, praderas y proyectos agropecuarios— está bien posicionada para generar créditos de alta calidad si mejora marcos regulatorios, mecanismos de verificación y garantías de co-beneficios sociales.
Los intereses privados ya actúan: empresas energéticas, agrícolas y mineras reconfiguran inversiones ante señales regulatorias y comerciales. Sin embargo, la diferencia entre captura de recursos y desarrollo sostenible dependerá de políticas públicas claras: registros nacionales, prevención del doble cómputo y reglas fiscales que eviten la apropiación de rentas sin beneficio social. En ausencia de esto, la región puede terminar vendiendo «toneladas» a bajo precio sin transformar realmente su matriz productiva.
En términos de precios, 2026 muestra fragmentación: los mercados de cumplimiento fijan señales más estables (y generalmente al alza) por la escasez prevista de derechos, mientras que el mercado voluntario mantiene una banda más amplia de valores según calidad y tipo de proyecto. Para los compradores corporativos esto significa que la simple compra de créditos baratos deja de ser una estrategia solvente frente al escrutinio público y regulatorio.
Los riesgos que persisten son varios y deben ser gestionados con urgencia: integridad técnica de los proyectos, gobernanza que prevenga el greenwashing, transparencia en la medición y contabilidad de emisiones, y coordinación internacional para evitar asimetrías regulatorias que distorsionen el comercio. La entrada en vigor de CBAM y la mayor ambición del EU ETS son recordatorios de que las reglas internacionales influirán sobre decisiones locales de inversión y comercio.
¿Cuáles son las prioridades de política pública y empresa en 2026? Primero, consolidar marcos nacionales que permitan certificar y rastrear créditos con estándares reconocidos; segundo, articular incentivos para la reducción real de emisiones (no sólo su compensación); tercero, crear instrumentos financieros de apoyo a proyectos de alta integridad y co-beneficio social; y cuarto, capacitar a auditores, verificadores y actores del mercado para sostener una oferta confiable.
Para las empresas que compran créditos, la recomendación es clara: integrar la compra de compensaciones dentro de una estrategia de descarbonización genuina (reducción interna + mejora de procesos + compras de créditos de calidad). Para los desarrolladores de proyectos, el llamado es a priorizar la integridad científica, la participación comunitaria y la documentación robusta —esas son las credenciales que tendrán demanda real y precio en 2026.
En síntesis: 2026 no será un año de revoluciones bruscas, sino de consolidación técnica y regulatoria. Los mercados de carbono maduran —se profesionalizan— y, con ello, las oportunidades económicas se acompañan de exigencias éticas y técnicas. Para Argentina y la región, la decisión estratégica es si se aprovecha esta ventana para construir un mercado de alta integridad que transforme activos naturales en desarrollo sostenible, o si se queda en una lógica extractiva de corto plazo. El tiempo de las reglas blandas terminó; el mercado ahora pide cuentas.