Marco legal del Merado de Carbono Argentino
Hay una discusión avanzando en el Congreso que, aunque parezca técnica, puede modificar la forma en que Argentina administra parte de su territorio y sus recursos naturales. El Senado discute proyectos para crear, por primera vez, un marco legal para el mercado de carbono: un sistema que permitiría certificar reducciones de gases de efecto invernadero y convertirlas en créditos vendibles.
Un bosque que se conserva, una superficie que se reforesta o una práctica productiva que reduce emisiones puede generar créditos de carbono, que luego se venden a empresas o países que buscan compensar sus emisiones.
Pero cuando el carbono se convierte en mercancía, hay que preguntarse no sólo cuánto puede capturarse o evitarse, sino quién se apropia de ese valor, quién decide sobre los territorios donde se generan los créditos y qué ocurre con esas reducciones una vez vendidas.
Argentina entra en ese debate cuando el mercado voluntario ya existe. Lo que se discute ahora es qué lugar tendrá el Estado y bajo qué reglas se podrán generar, registrar y exportar esos créditos.
Ponerle precio a una reducción
Un crédito de carbono representa, en términos generales, una tonelada de dióxido de carbono equivalente que un proyecto demuestra haber evitado, reducido o removido de la atmósfera. Puede surgir de la conservación de un bosque, una plantación forestal o cambios en las prácticas agrícolas.
El mecanismo parte de una idea fuerte: lo que antes no tenía precio de mercado —la capacidad de un bosque de almacenar carbono, por ejemplo— puede convertirse en un activo económico. El crédito se certifica, se registra y se comercializa, y del otro lado hay empresas, fondos o países dispuestos a pagar por esas reducciones para compensar emisiones o cumplir compromisos climáticos.
En ese proceso, una función ambiental adquiere valor monetario. Y con ese valor aparecen nuevas relaciones económicas sobre el territorio.
El mercado que Argentina está diseñando
Las iniciativas que se discuten en el Senado proponen crear un registro nacional de proyectos de carbono y reglas sobre quién puede generar y comercializar estos créditos. También contemplan incentivos fiscales, como exenciones de derechos de exportación y mecanismos de estabilidad fiscal, para atraer inversiones y convertir una ventaja ambiental en ingresos y divisas. Pero el diseño del mercado importa tanto como su existencia.
Hay dos formas muy distintas de pensar un mercado de carbono. Una es la de los sistemas de cap-and-trade, como el europeo “EU ETS”: el Estado fija un límite a las emisiones y las empresas deben reducirlas o adquirir permisos de quienes emitieron menos.
La otra es la generación de créditos a partir de proyectos que demuestran reducciones respecto de una línea de base, sin un límite obligatorio para las emisiones domésticas. El modelo que se discute en Argentina se acerca a esta segunda alternativa.
Esto tiene una consecuencia importante: el mercado puede crecer sin que exista, al mismo tiempo, una obligación equivalente para quienes emiten dentro del país. El carbono puede convertirse en un producto de exportación sin que eso implique, por sí mismo, una reducción de las emisiones argentinas.
La tonelada que sale del país
El problema se vuelve más complejo cuando esos créditos se usan internacionalmente. Una reducción generada en Argentina forma parte, en principio, de los esfuerzos del país para cumplir su NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional). Pero si esa misma reducción se transfiere a otro país, Argentina no puede contabilizarla también: una misma reducción no puede utilizarse dos veces.
Por eso, cuando un crédito generado en el país es autorizado para su transferencia internacional, Argentina debe hacer un ajuste en sus cuentas climáticas: la tonelada reducida deja de estar disponible para la meta nacional y pasa a asociarse al compromiso del comprador.
Cada crédito exportado representa entonces una parte de la capacidad de Argentina para cumplir sus propios objetivos climáticos. Cuantos más créditos se vendan, mayor puede ser el ingreso de los proyectos, pero también mayor la cantidad de reducciones que dejan de estar disponibles para la NDC argentina.
El desafío consiste en encontrar un punto en el que generar divisas no comprometa la capacidad futura del país para cumplir sus compromisos climáticos. Algunas versiones discutidas contemplan resguardos, como una reserva estratégica o cupos de exportación reducibles si el país se aleja de su trayectoria climática, pero en la versión de síntesis que hoy aparece como la más avanzada, ese mecanismo pierde peso.
La pregunta deja de ser cuánto carbono puede vender Argentina y pasa a ser cuánto de ese carbono puede vender sin hipotecar su propio margen de acción climática.
Cuando el territorio también adquiere un precio
Detrás de cada crédito de carbono hay un territorio: un bosque, una superficie agrícola, un humedal o un área de conservación. Generar créditos implica definir quién puede utilizar ese territorio, quién controla la actividad que genera la reducción y quién participa de los ingresos que produce.
Los proyectos debatidos no establecen un mecanismo uniforme para distribuir esos ingresos entre desarrolladores, propietarios y usuarios de la tierra: esa distribución queda librada a contratos privados, donde las partes no negocian desde una posición equivalente. Un desarrollador especializado conoce los estándares de certificación y el precio potencial de los créditos; un productor rural o una comunidad que habita el territorio suele no contar con la misma información.
La cuestión de fondo es quién captura la nueva renta asociada a la conservación: si un bosque conservado genera créditos, ¿quién recibe su valor económico?
Los proyectos tampoco establecen un destino obligatorio para los ingresos de la venta de créditos, que pueden convertirse en renta privada sin obligación de reinversión en conservación o en beneficios para las comunidades involucradas. Otros países muestran alternativas, como mecanismos que destinan parte de esos ingresos a la protección de ecosistemas o al fortalecimiento de las comunidades que participan en su conservación.
Argentina no es un caso aislado
El debate argentino forma parte de una discusión más amplia. Brasil avanzó en 2024 con un mercado obligatorio de emisiones con límites para ciertos sectores; Chile desarrolla acuerdos para transferir créditos bajo el Artículo 6; Colombia avanzó en mecanismos nacionales de registro y México atravesó discusiones similares sobre el lugar de las compensaciones en sus políticas de reducción.
No existe un único modelo de mercado de carbono: hay sistemas orientados a reducciones domésticas, mercados vinculados a obligaciones regulatorias y esquemas centrados en la exportación de créditos. Elegir uno u otro define quién tiene incentivos para reducir emisiones, quién vende, quién compra y qué parte del esfuerzo climático queda dentro de las fronteras del país.
Implicancias
El mercado de carbono puede generar inversiones, ingresos y nuevos recursos para conservar ecosistemas, y contribuir a financiar proyectos que de otro modo tendrían dificultades para sostenerse.
Pero convertir una reducción de emisiones en mercancía implica decidir qué reducciones pueden comercializarse, quién puede apropiarse de ellas, cuánto vale una tonelada y qué sucede con ella una vez que deja de contar para la meta climática argentina. También implica definir quién participa de la renta que genera y qué derechos tienen las personas y comunidades que viven en los territorios donde esos créditos se producen.
El proyecto que hoy aparece como más avanzado resuelve algunos problemas técnicos, pero muchas de las decisiones sobre la distribución de beneficios y costos quedan para una instancia posterior de reglamentación.
Por tanto, el desafío no es sólo crear un mercado de carbono, sino decidir qué se está poniendo en venta cuando el carbono se convierte en mercancía. Detrás de cada crédito hay una tonelada de emisiones, pero también un territorio, una relación de propiedad y una parte del compromiso climático de un país.