La UE recorta para las empresas los requisitos de informar sobre el impacto ambiental de sus negocios
Los Veintisiete y el Parlamento Europeo dan vía libre a una de las primeras leyes de simplificación para recortar normas verdes alegando beneficio para la competitividad
Una nueva regulación europea liberará a más del 80% de las empresas comunitarias de sus obligaciones de proporcionar información del impacto ambiental de sus negocios. Los 27 Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han acordado la primera de las leyes ómnibus destinadas a simplificar las normas y la burocracia para las empresas, que reducirá drásticamente el alcance de las normas de divulgación de la sostenibilidad corporativa introducidas durante la última legislatura.
El acuerdo va más allá de lo propuesto por la Comisión en cuanto al recorte de las obligaciones de información de las empresas, aunque no llega a la amplia reducción que una mayoría de derechas acordó en el Parlamento el mes pasado.
Jörgen Warborn, negociador del PPE que dirige las negociaciones en el Parlamento, celebró el resultado. «Estamos cumpliendo con el Pacto Verde. Antes había verde, pero no había acuerdo», dijo. «Es una victoria para la competitividad y para Europa».
Su principal aliada en este asunto, Pascale Piera, del grupo ultraderechista Patriotas de Europa, ofreció una lectura muy distinta, al presentar el acuerdo como un golpe mortal para el Pacto Verde. Al suprimir los requisitos para que las empresas adopten planes de transición climática, «hemos logrado derribar lo que era esencialmente el símbolo clave del Green Deal, y esto es inevitablemente un impulso para la economía», declaró a Euractiv.
Ante la presión de los grupos empresariales, la Comisión había propuesto una reducción parcial como parte de su primer paquete ómnibus. Pero el Partido Popular Europeo, de centroderecha, unió fuerzas con la extrema derecha para exigir un alcance mucho más reducido.
Más empresa, menos sostenibilidad
Las normas de la UE aprobadas el año pasado obligan a las grandes empresas a aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor, en virtud de la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial.
Paralelamente, la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) obliga a las grandes empresas que cotizan en bolsa a divulgar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza, incluida su estrategia climática y sus planes de transición.
Según el acuerdo provisional, la información social y medioambiental sólo se aplicará a las empresas de la UE con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios neto anual superior a 450 millones de euros, frente al umbral de 50 millones propuesto inicialmente por la Comisión. La presidencia danesa del Consejo de la UE calcula que los umbrales revisados eximen a más del 85% de las empresas que de otro modo entrarían en el ámbito de aplicación de la Directiva.
Elevación del umbral
En cuanto a la diligencia debida, el umbral se ha elevado considerablemente. En lugar de aplicarse a las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios de al menos 450 millones de euros, la obligación sólo se aplicará ahora a las que tengan más de 5.000 empleados e ingresos anuales superiores a 1.500 millones de euros.
En línea con la posición del Parlamento, el nuevo régimen de información también elimina por completo los planes obligatorios de transición climática.
Se espera que el Parlamento Europeo formalice el acuerdo en una votación el próximo martes, y que los embajadores de la UE examinen el expediente y tomen una decisión al respecto esta misma semana.