Las nuevas normas sobre tratamiento de aguas residuales obligarán a cerrar muchas plantas de carbón en EEUU
El cambio climático no es lo que está impulsando el cierre de algunas centrales eléctricas de carbón de EEUU, sino el coste de los controles de contaminación más estrictos en sus aguas residuales.
Docenas de plantas en todo el país planean dejar de quemar carbón esta década para cumplir con las nuevas normas federales más estrictas sobre aguas residuales, de acuerdo con los documentos regulatorios estatales, a medida que la industria continúa alejándose del combustible fósil que calienta el planeta para producir electricidad.
Según informa la agencia AP, la nueva regulación de las aguas residuales requiere que las plantas de energía limpien las cenizas de carbón y los metales pesados tóxicos como el mercurio, el arsénico y el selenio de las aguas residuales de las plantas antes de verterlas en arroyos y ríos. Se espera que la regla afecte a 75 centrales eléctricas de carbón en todo el país, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Esas plantas tenían una fecha límite en octubre para decirles a los reguladores estatales cómo planeaban cumplir, con opciones que incluían actualizar sus equipos de control de la contaminación o retirar sus unidades generadoras de carbón para 2028.
El impacto nacional de la regla de aguas residuales aún se está analizando, pero al menos 26 plantas en 14 estados dijeron que dejarán de quemar carbón, según Sierra Club, que ha estado rastreando las presentaciones regulatorias estatales. Veintiuna de las plantas tienen la intención de cerrar y cinco indicaron que podrían cambiar a gas natural, dijo el grupo ambientalista.
“El viaje gratis que han estado obteniendo estas plantas está terminando de muchas maneras”, dijo Zack Fabish, un abogado de Sierra Club. “Y que elijan jubilarse para 2028 probablemente refleje la realidad de que muchos de los subsidios que han recibido en términos de poder verter sus aguas residuales en los bienes comunes, no podrán hacerlo en el futuro”.
La nueva norma reducirá la descarga de contaminantes en las vías fluviales del país en aproximadamente 175.000 toneladas anuales, según estimaciones de la EPA. Se espera que su implementación cueste a los operadores de la planta, en conjunto, casi 200 millones de dólares al año.